Las sentencias del Tribunal Supremos de 18 de febrero de 2026 (núms. 254/2026, 259/2026, 260/2026, 261/2026, 262/2026 y 263/2026) reordenan por completo la Segunda Oportunidad en España:
- Refuerzan la posición del deudor honesto,
- limitan la aplicación automática de exclusiones,
- matizan el tratamiento del crédito público,
- y exigen un control judicial más técnico y profundo.
Son, en conjunto, el nuevo marco interpretativo obligatorio para todos los juzgados mercantiles.
DOCTRINA FIJADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO
A. Buena fe del deudor: control judicial reforzado
STS 259/2026, 261/2026, 262/2026 y 263/2026
El TS establece que:
✔ El juez debe controlar de oficio la buena fe
Incluso sin oposición de acreedores, el juez debe verificar:
- origen de las deudas
- circunstancias del sobreendeudamiento
- patrimonio del deudor
- ingresos y evolución económica
- coherencia documental
✔ La lista de causas de exclusión del art. 487 TRLC no es cerrada
El juez puede apreciar mala fe más allá de los supuestos tasados.
✔ Sanciones administrativas muy graves pueden impedir la EPI
Solo cuando revelen dolo o negligencia grave, no cualquier sanción.
✔ La derivación de responsabilidad NO implica mala fe automáticamente
La derivación tributaria o de Seguridad Social no es una sanción y solo excluye la EPI si deriva de conductas fraudulentas.
B. Crédito público: doctrina unificada y más matizada
STS 254/2026 y 260/2026
El TS fija por primera vez doctrina casacional sobre el art. 489.1.5.º TRLC:
✔ El límite de exoneración del crédito público es válido
Se mantiene el sistema de tramos:
- Primeros 5.000 € → exoneración total
- De 5.000 a 10.000 € → exoneración del 50%
✔ El límite se aplica por acreedor público, no globalmente
✔ El crédito público subordinado sí es exonerable
Intereses, recargos y sanciones subordinadas pueden quedar exonerados.
✔ No hay intangibilidad absoluta del crédito público
El TS descarta que Hacienda y Seguridad Social queden blindadas.
C. Delimitación objetiva de la exoneración
El TS rechaza la idea de que la EPI sea una “extinción global” de todas las deudas.
✔ La exoneración debe referirse a créditos concretos e identificados
Debe constar en la lista del deudor o en los textos definitivos.
Esto obliga a una preparación técnica más rigurosa de la solicitud.
D. Mayor exigencia documental y transparencia del deudor
Las sentencias de febrero imponen:
- memoria económica detallada
- coherencia entre ingresos, gastos y endeudamiento
- explicación razonada del origen de la insolvencia
- aportación completa de documentación
La falta de claridad puede activar causas de exclusión por negligencia.
En resumen, desde el 18 de febrero para la presentación de la demanda solicitando el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se deberá aportar al abogado toda la documentación contractual que se tenga, pues se deberá detallar con exactitud los importe de las deudas que se quieren exonerar, identificando el origen de las estas.